La descomposición institucional y social

La designación de Carlos Zamarripa Aguirre, como titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no aporta nada nuevo, ni tampoco garantiza que el grave momento de inseguridad y violencia que se vive en los 46 municipios se vaya a resolver. Es más los que saben, aseguraron que viene lo peor.

Antes que nada la creación y puesta en marcha de la Fiscalía no es más que un cambio de maquillaje al andamiaje del que se dispone para la persecución de delitos y la procuración de justicia, pues en su esencia conserva las mismas facultades y obligaciones de la ya extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.

En ese sentido, el cambio es sólo de tipo cosmético, no se va a fondo y más bien se trata de esa tendencia a nombrar diversas áreas y dependencias del gobierno estatal, con términos más rebuscados, mera imagen y nada más.

Todo Guanajuato ha protestado y también se ha indignado porque Carlos Zamarripa Aguirre fue protegido por el PAN y el Gobierno del Estado para pasar a ser el Fiscal General, aunque es necesario cuestionar si la salida del funcionario resolvería o empeoraría la situación.

Cierto es que durante su gestión al frente de la Procuraduría General de Justicia, casi una década fue cuando más creció la criminalidad en el Estado de Guanajuato y llegó a los primeros lugares en asesinatos y ejecuciones, periodo en que también se implementaron estrategias para manejar las cifras a modo.

Se dispararon los homicidios dolosos, en especial los asesinatos de mujeres y que la misma Procuraduría y seguramente ahora la Fiscalía no reconocerán como “feminicidios”, los robos y asaltos con lujo de violencia, así como. La desaparición de miles de menores de edad, en especial mujeres adolescentes

En ese mismo periodo Guanajuato se ha convertido en una tierra sin ley, donde los grupos de la delincuencia organizada se disputan a punta de metralla, el control del tráfico y distribución de sustancias ilícitas, robos de combustible, secuestros y toda actividad delictiva.

Y esos son los factores por los que una agraviada sociedad guanajuatense rechaza una designación de un funcionario que los representantes del gobierno y las instituciones públicas están dispuestos a sostener a como dé lugar, al fin la gente pone los muertos, ellos sólo los cuentan y como siempre los maquillan, ese es su estilo, en especial cuando las cifras y estadísticas abruman.

Este 20 de enero debe quedar marcado en la memoria de los habitantes de Guanajuato, como el inicio de la época del “verdadero terror y el desprecio por la condición humana”.

Carlos Zamarripa no garantiza que la tranquilidad regrese a Guanajuato, donde los millones de habitantes añoran aquellas épocas donde aún se respiraba la hospitalidad típica de la provincia mexicana, hoy convertida en un oscuro rincón, donde pueden cometerse los más atroces delitos.

Tampoco lo representa la llegada de un nuevo fiscal que no sea él, pues se ha llegado a un momento de inflexión y confrontación social, que ya nadie confía en nadie y todos somos vistos en distintos lugares como potenciales delincuentes o blanco perfecto para un delito.

Cierto es que las instituciones y quienes las representan no han cumplido con su juramento cuando rindieron protesta al cargo, pero que ha pasado con la gente, en un ambiente donde son los mismos ciudadanos los que cometen delitos y buscan impunidad para evitar el castigo.

Porque es la gente común y corriente la que vende y compra estupefacientes, es también la que realiza actividades como la sustracción ilegal de combustible, el secuestro, el robo, los asaltos, la extorsión y demás medios para obtener dinero fácil.

Bajo esta perspectiva es claro que todos hemos fallado, tanto sociedad como gobierno, por lo que es inevitable iniciar un camino a la transformación integral de las personas y a partir de ahí lograr una eficaz procuración de justicia y castigo del delito.

Es tiempo de lograr acuerdos y consensos para el beneficio de la gente y no de crear instituciones que no garantizan nada, mucho menos proteger y premiar funcionarios que son la vergüenza y el mal ejemplo que no deben dar los gobiernos.

Es tiempo de que la sociedad se organice y así como se exige un cambio y una transformación integral en las esferas del gobierno, también se logren personas íntegras, con verdaderos valores éticos y morales, que no caigan tan fácil en la tentación de lo prohibido, de lo ilegal y de todo aquello que significa daños para sus semejantes.

¿Dónde es más urgente el cambio, en la sociedad o en el gobierno?

Osvaldo García Ledesma