La diferencia entre lo público y lo privado

Una vez más los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado dan la espalda y una artera bofetada a los ciudadanos que con su voto los llevaron al Poder y sin más acordaron reunirse con el Fiscal General del Estado y el Secretario de Seguridad Pública el Estado, en forma privada.

Por eso, desde este espacio cuestionamos tanto a los diputados como a ambos funcionarios para que nos pongan claro desde cuando lo público, debe de estar sobajado por lo privado.

Desde cuando las labores de seguridad pública y procuración de justicia son propiedad exclusiva de los grupos en el Poder y quien ordenó y decidió marginar a los millones de habitantes del Estado de Guanajuato de conocer y saber que hacen esas instancias que ni les garantizan seguridad ni tampoco les procuran justicia.

Los diputados al aprobar una reunión o bien una mesa de trabajo, como a ellos pomposamente les gusta llamar a las cosas a puerta cerrada, en el mismo sitio que ellos mismos llaman “la casa del diálogo”, dejaron bien en claro que no les interesa supeditar la independencia y autonomía del Poder Legislativo, a los caprichos de funcionarios mediocres y timoratos.

Jesús Oviedo Herrera, el coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Gobierno consideró que, en este tipo de reuniones, no se debe cuestionar o criticar el pésimo desempeño y actuar de ambos funcionarios, más bien es tiempo de aportar y contribuir.

Esa es la muestra más clara que nos evidencia que nuestros últimos dos gobiernos estatales nunca se preocuparon por crear o diseñar una política pública en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

Y por eso llega el fracaso actual de su labor, debido a que han politizado y saturado de matices y dogmas partidistas algo tan importante como la seguridad y la persecución de delitos.

Ellos hablan de que van a tratar los temas relativos a estrategias y programas en ambos rubros y por eso la reunión tiene que ser a puerta cerrada, como si la seguridad pública y la procuración de justicia fueran temas de su propiedad y en donde sólo ellos pueden decidir.

Entonces, la gente, esas mismas personas que han perdido a sus seres queridos en medio de refriegas armadas y virulentas en las que nada tuvieron que ver, no tienen derecho a saber cómo protegerse o prevenirse.

Por ello, insistimos: desde cuando un puñado de funcionarios, bajo el amparo de su cargo saben, entienden y definen estrategias en las cuales la gente sale sobrando, sencillamente no importa.

Desde cuando sólo un diputado, un funcionario o un político puede decidir lo que afecta a millones de personas y más cuando ellos se definen a sí mismos, como representantes populares.

Esa reunión no es más que el sometimiento de los 36 diputados al designio del partido en el Poder y una mayoría legislativa que se corroe y se debilita así misma con tal de “seguir la línea”, como en los mejores tiempos del partido hegemónico.

Esa reunión no es más que una forma de atentar contra la inteligencia de los habitantes de Guanajuato, a quienes de un plumazo se les ha impuesto el interés particular, por encima del público.

Esa reunión no es más que colocar el interés privado de unos cuantos funcionarios, por encima del derecho de la población a enterarse que se hace con la labor más importante que todo gobierno debe tener, es decir garantizar seguridad y procurar justicia.

Y no se trata de ignorancia o de faltar al espíritu de la Ley, sino de decirle a la gente, que para ellos es más importante inventar un espacio de cordialidad, que enfrentar con valor e inteligencia el flagelo que hoy nos tiene aterrados y temerosos a todos los que habitamos en el Estado de Guanajuato.

Osvaldo García Ledesma